LA VIOLENCIA OBSTETRICA

 

Es una forma específica de violencia contra las mujeres que constituye una violación a los derechos humanos. Se genera en el ámbito de la atención del embarazo, parto y puerperio en los servicios de salud públicos y privados, y consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal del Sistema  de Salud que cause un daño físico y/o psicológico que se exprese en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, un trato cruel, inhumano o degradante, o un abuso de medicalización, menoscabando la capacidad de decidir de manera libre e informada sobre dichos procesos reproductivos y sexuales.

Se pueden considerar violencia obstétrica prácticas como el tacto realizado por más de una persona, la episiotomía como procedimiento de rutina, el uso de fórceps, la maniobra de Kristeller, el raspaje de útero sin anestesia, la cesárea sin verdadera justificación médica o el suministro de medicación innecesaria.

Puede representarse de las siguientes formas también: burlas, regaños, insultos, amenazas, ironías, manipulación de información, humillaciones, negación a ciertos tratamientos, limitación de la información de las decisiones que el equipo médico va tomando avanzado el trabajo de parto, abuso de medicinas e, incluso, golpes.

 

LORENZA CAYUHAN Y SAYEN

 

Lorenza Cayuhan, mujer-mapuche, madre, compañera, dirigenta de su comunidad: Mawidache de Alto Antiquina, en la comuna de cañete. Lof en resistencia en proceso de recuperación territorial. El territorio de su Lof (comunidad) fue usurpado y explotado por CMPC perteneciente al grupo Matte y Arauco perteneciente al grupo Angelini que hoy tienen inmensas plantaciones de pinos y eucaliptus.

Durante la dictadura cívico-militar se dictó el Decreto Ley 701 (1974), que incentiva a través de bonificaciones y beneficios tributarios las actividades de forestación, entregando así tierras ancestrales del Pueblo-Nación Mapuche a conglomerados económicos. Estos territorios pasaron entonces de una economía basada en la agricultura que permitía la autonomía alimentaria y económica de las comunidades a una ocupación extractivista que por una parte, violenta la espiritualidad y cosmovisión de las comunidades Mapuche que lo habitan y por otra, es responsable de la grave crisis hídrica que afecta el territorio.

El estado chileno ha reprimido, perseguido, hostigado y violentado las comunidades movilizadas y sus dirigentes/as. Lorenza y su familia fueron víctimas de allanamientos con más de 50 efectivos de la policía militarizada, 2 helicópteros, bombas lacrimógenas, amenazas con armas y violencia contra mujeres, adolescentes y niños/as. Lorenza fue acusada por un testigo sin rostro del robo de una motosierra, un cooler, un gps, una lima, un hacha y una cámara a trabajadores de la empresa FUMIVAR -que presta servicios a Forestal Arauco- y fue condenada a 5 años y 61 días teniendo 4 meses de gestación. En octubre de 2016 Lorenza comienza a sufrir complicaciones con 8 meses de gestación siendo trasladada al Hospital Regional de Concepción desde la cárcel de Arauco. Lorenza estuvo engrillada los 72 km que viajó en ambulancia y en la sala de pre-parto y parto. Un funcionario se quedó en la sala mirando cómo se desvestía para ponerse la bata clínica, observó los exámenes ginecológicos, entró a pabellón donde se realizó la cesárea y esposó a Lorenza de sus tobillos.

La pequeña Sayen vino a este mundo con su madre engrillada y viviendo un momento único en su vida en presencia de un funcionario de la policía. En diciembre del 2016 la Corte Suprema determinó en fallo unánime que el Estado transgredió su obligación de proteger a Lorenza de la violencia ejercida por funcionarios de gendarmería estando ella en condición de vulnerabilidad. La violencia con que vino al mundo Sayen fue una violación a los derechos humanos, a los derechos consagrados en el 169 de la OIT y una vulneración de los derechos de los/as niños/as.

Los gendarmes Andrea Concha y Cristina Segundo admitieron responsabilidad como autoras de “vejaciones injustas” y en 2019 se determinó que debían pagar 2 UTM cada una ($98.000). Sólo se responsabilizó a tres funcionarias por los hechos y Christian Alveal, director Regional del Bío Bío en la época fue ascendido.

VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA LORENZA Y SAYEN.

 

FUENTE:

https://radiokurruf.org/2019/02/20/entrevista-a-lorenza-cayuhan-un-caso-de-tortura-y-violencia-hacia-la-mujer-e-infancia-mapuche-dar-a-luz-engrillada-y-nacer-entre-esclavas/